LA VIOLENCIA OBSTETRICA EN TIEMPOS DE COVID-19

La violencia obstétrica se define como la violencia ejercida por el personal de salud en el proceso de atención del embarazo y parto, estos van desde humillaciones, amenazas, gritos, negación al tratamiento, comentarios irónicos, burlescos hacia la paciente, separación del recién nacido luego del parto, prohibición del acompañante en el trabajo de parto y parto, así como la realización de procedimientos innecesarios sin una base científica, sin la explicación debida y/o consentimiento informado (tactos vaginales repetidos, rotura de membrana amniótica, uso indiscriminado de oxitócicos, maniobra de Kristeller, cesárea injustificada, realización de parto instrumentado, etc). Toda esta violencia ya sea psicológica o física conlleva a una repercusión negativa en la calidad de vida de la mujer (mayor incidencia de depresión postparto y estrés postraumático), en el recién nacido (alteración de los mecanismos de prevención de infecciones) y una valoración negativa de los servicios de salud pues es considerada como un factor de riesgo para muerte materna en poblaciones vulnerables.

La violencia obstétrica está enmarcada dentro de la violación de los derechos humanos porque es violencia institucional, afecta los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Hay diversos estudios latinoamericanos que demuestran que la violencia obstétrica esta institucionalizada en muchos hospitales públicos y clínicas privadas como lo registrado en un estudio realizado en el 2019 en Aguas Calientes - México, donde se identificó 58% de violencia obstétrica general en las pacientes, pero cuando esta variable se disgrega en violencia psicológica y física, se encontró que el 79% de las pacientes fueron víctimas de violencia física. En España se realizó un estudio en un período de 9 años sobre la base de 17 677 pacientes identificándose que un 34% de pacientes manifestaron haber sufrido violencia obstétrica. En la actualidad en muchos países como Brasil, Argentina, Uruguay, Chile e incluso Perú, los protocolos estrictos de aislamiento dirigidos para gestantes con infección grave por COVID-19 se ha extendido a todas las mujeres y bebés con infecciones leves por COVID-19 o asintomáticas.

Ahora en situación de pandemia; se reconoce que los sistemas de salud han colapsado en muchos países; además hay una disminución en el número del personal de salud muchos de ellos aislados por presentar factores de riesgo o estar infectados por el virus SARS-CoV-2; en este contexto las gestantes están siendo evaluadas en unidades obstétricas recién acondicionadas y con poco personal que exigen equipos de protección personal idóneos. Si las gestantes son contagiadas por COVID-19; se exponen a que se ejerzan sobre ellas alguna forma de violencia obstétrica por las condiciones descritas. Ya en el 2014 la Organización Mundial de la Salud emitió una declaración señalando que "todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en salud, que incluye el derecho a una atención digna y respetuosa en el embarazo y en el parto y el derecho a no sufrir violencia ni discriminación". Reconociendo la situación de pandemia la Organización Mundial de Salud emitió directrices en marzo del 2020 enfatizando que todas las mujeres embarazadas con infección confirmada o sospechosa de COVID-19 deberán tener acceso a atención especializada y oportuna. El parto debe individualizarse y la cesárea realizarse sólo cuando esté justificada. Se le debe brindar a la gestante todas las intervenciones que han demostrado resultados beneficiosos para la madre y el recién nacido como por ejemplo el acompañamiento durante el parto, la analgesia de parto, la movilidad en el trabajo de parto cuando sea posible, entre otros. Asimismo, con respecto al recién nacido debe mantenerse el contacto piel a piel inmediato, el alojamiento conjunto y la lactancia. Muchas gestantes están experimentado miedo, incertidumbre no solo ante el riesgo de contraer COVID-19 sino también temen ser obligadas a que se le realicen intervenciones obstétricas innecesarias sin la adecuada información; en suma es un derecho de todas las mujeres tengan o no una confirmación de la infección COVID-19, la posibilidad de vivir una experiencia positiva durante su parto y nacimiento de su bebé.

Antes de la pandemia se había avanzado un largo camino en incorporar intervenciones y procedimientos obstétricos en el cuidado de la gestante y el recién nacido basados en investigaciones con buenos resultados en la salud física y mental de la mujer y el niño; es obligación del personal de salud no permitir que prácticas médicas desfasadas regresen y que contribuyan a la violencia obstétrica, por ello si somos testigos de alguna situación parecida elevar nuestra voz y con esta información un llamado a que como personal de salud reflexionemos y evitemos este tipo de acciones que afectan más aún a nuestras pacientes que ya sufren angustia a causa de la infección por COVID-19 .